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Cuando Fernando VII firmó el primer Real Decreto en 1816 sobre las aguas minerales, muy pocos podrían imaginarse el curso que seguirían antes de desembocar en el escenario actual: un negocio superior a los mil millones de euros, explotado en buena parte por empresas multinacionales que, además de contar con ayudas públicas en forma de subvenciones y préstamos, no aportan beneficios relevantes a las instituciones propietarias del terreno donde manan las aguas, apenas pagan impuestos medioambientales e incumplen en más de una ocasión los parámetros recomendados por los organismos internacionales de salud, en cuanto a la posible presencia de elementos contaminantes en la composición de las aguas.

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En España están reconocidos oficialmente 166 manantiales de agua mineral, de los cuales más del 95% son explotados por entidades privadas, la mayoría multinacionales del sector de la alimentación. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el consumo de agua mineral se ha incrementado un 5,1% en el último año, mientras que el valor del mercado aumentó un 6,1%.

Un ejemplo de municipio con gran tradición ‘agüista’, es Verín (Ourense), que alberga hasta cinco manantiales en su entorno gestionados por diferentes compañías, como son Euroinversiones Agua de Sousas, S.L, perteneciente al sector inmobiliario, Aguas de Fontenova, S.A, de reapertura reciente, y Aguas de Cabreiroá, S.A, de los mismos dueños que la -cada vez más expansiva- Estrella de Galicia.

La cesión de estos manantiales al ámbito privado no tiene ningún tipo de contraprestación para este ayuntamiento. Según afirma Carlos Montero, miembro del gabinete de prensa del consistorio, “no tenemos ninguna relación, lo que sí tenemos programada es una ruta termal que incluye un recorrido por Verín y Chaves”, localidad lusa fronteriza con este pueblo gallego, famosa por sus balnearios y cuya alianza “constituye la primera Eurocidade de la península Ibérica”, afirma Montero.

Lo descrito refleja un panorama habitual de estas zonas rurales, donde la presencia del valioso líquido no reporta ningún beneficio a sus habitantes, más allá de los puestos de trabajo que se puedan generar. Este sector suele establecerse, en condiciones ventajosas, en zonas rurales y montañosas donde la industria no suele llegar.

Una de las excepciones a esta situación se encuentra en Bejís, un pequeño pueblo de Castellón ubicado en la comarca de Alto Palancia. Desde que en 1929 se descubriera el manantial de Los Cloticos, se procedió a canalizar el agua hasta el pueblo. Después de pasar los análisis oportunos, la marca Agua de Bejís pasó a ser reconocida como agua mineral natural.

“La persona que dirige la alcaldía ejerce como directora general de la planta embotelladora” afirma Josefa Madrid, actual alcaldesa de la localidad. “La gestión económica, comercial y de personal la llevan en mayor medida los concejales”. En la actualidad da trabajo a 32 personas de la zona, “a mí me interesa que trabaje la gente de mi pueblo, tenemos una lista interna y según las necesidades de la planta los contratamos directamente. Son personal laboral del ayuntamiento”.

La actual directora señala que Aguas de Bejís “ha tenido muchísimos beneficios en su día, luego se produjo una mala gestión por parte del ayuntamiento de aquel momento, se dejó en manos de un gerente que propició la aparición de una deuda en la que no se podía pagar a proveedores ni se podía pagar nada”.

A partir de ese momento se decidió no cerrar y en la actualidad el municipio se encuentra adscrito a la ley de proveedores, “tenemos una deuda de más de 900.000 € y hacienda no nos permite realizar inversiones ni contratar gente”. La regidora de Bejís relaciona este déficit con “el agujero que se hizo en la planta embotelladora en los años en que empezó la crisis”.

A pesar de los problemas, Aguas de Bejís ha regresado a la senda de los números negros, “el año pasado tuvimos 95.000 € de beneficio neto y este año, por el recorrido que llevamos, parece que también va a dar beneficios”. Estos excedentes sirven para afrontar otras necesidades del pueblo, “nos permiten el pago de la deuda o poder realizar inversiones como una nueva máquina de envasado”.

Aun con las dificultades que acarrea la gestión de esta empresa para un pequeño ayuntamiento, así como los contactos de alguna corporación para ceder el recurso, Josefa Madrid explica que “la gente no quiere que la situación cambie, quieren que la gestión siga siendo pública”.

 

En el marco de una ley franquista

El aprovechamiento de los manantiales de agua mineral en España se sigue haciendo por el procedimiento establecido en la Ley de Minas 22/1973, que concede el derecho preferente “a la persona que hubiere instado el expediente para obtener la declaración de la condición mineral de las aguas”. A efectos prácticos, esta legislación otorga a las actuales empresas embotelladoras la posibilidad de extraer el agua mineral del subsuelo sin necesidad de ofrecer ninguna contrapartida a las administraciones por la explotación de un recurso público.

Bajo estas condiciones se dibuja un crecimiento continuado del sector. Según los datos publicados por la consultora Statista, el consumo de agua mineral se ha incrementado un 44,3% entre los años 2002 y 2015, mientras que la extracción de agua mineral en España aumentó un 51,6% en el mismo periodo, conforme a los datos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

En el último año se contabilizó un total de 6.907 millones de litros extraídos y 2.519 millones de litros consumidos. Desde la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) señalan una “producción” total de 5.392 millones de litros, aunque no ofrecen estos datos sectoriales de forma desagregada. Según afirman son “confidenciales y no estamos autorizados a proporcionarlos”. Sin embargo, previo pago de una cantidad sí es posible acceder a estos informes, a través de algunas consultoras del sector.

El IGME, institución pública dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, alega similares motivos para no detallar los datos de los manantiales, no solo de los litros extraídos por estas empresas, tampoco los del caudal del recurso público. De forma paradójica, esta información sí estaba disponible hasta el año 2005, cuando todavía no estaba vigente la Ley 19/2003 de Transparencia.

La ralentización del aumento de consumo de agua mineral, producido en los primeros años de la crisis de 2007, parece haber llegado a su fin. El dato de crecimiento del 5,1% en el último año viene precedido de la subida del 6,9% en el año anterior, acompañado de una estabilidad del precio en el mercado. Con todo, el agua de grifo sigue siendo 130 veces más barata, con un precio medio actual de 1,66€/m3, frente al 0,21€/l del agua embotellada.

 

Creciente concentración del sector

Detrás de las marcas comerciales de agua mineral se esconden algunas de las grandes multinacionales del sector de la alimentación. Este mercado concentra más de la mitad de sus ventas y beneficios en seis grupos empresariales, que disponen de varias sociedades y marcas que se reflejan en el siguiente cuadro:

 

Sector subvencionado

Más allá de la concesión de estos recursos naturales, el mercado del agua mineral cuenta también con ayudas públicas en forma de subvenciones y préstamos. “Innovación empresarial”, “incentivos regionales” o “fomento de la competitividad industrial”, además de los fondos europeos, son conceptos que se utilizan para justificar el fortalecimiento de las empresas del sector.

Pero no todas las empresas cumplen los requisitos que plantean las administraciones, explica Josefa Madrid “últimamente hemos intentado buscar ayuda con el Instituto Valenciano de Finanzas; vas a la Consellería de Industria y te dicen que Aguas de Bejís es una empresa de administración local y si vas a la administración local te dicen que no lo contemplan”.

Aunque por el momento esta aldea gala del sector no ha tenido la fortuna o la ocasión de recibir alguna subvención, a lo largo de estos años se han otorgado ayudas incluso a la implantación de formatos de envasado contaminantes de plástico PET, como la concedida por el Gobierno de Aragón a la sociedad Aguas de Maestrazgo, concesionaria del grupo Coca Cola.

Las subvenciones concedidas a las seis grandes corporaciones del sector, a lo largo de los últimos 20 años y a través de sus diferentes razones sociales, se reflejan en el siguiente gráfico:

 

Se disparan las subvenciones en 2016

El volumen de ayudas otorgadas a nivel regional y nacional el pasado año al sector del agua mineral ha registrado un crecimiento del 2.373% respecto a 2015. De apenas alcanzar el millón de euros se ha pasado a superar los 29 millones. Este crecimiento se explica por la aprobación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de compensaciones al transporte interinsular de mercancías, cofinanciadas por fondos europeos para productos que tengan como origen o hayan sido transformados en Canarias. El siguiente gráfico visualiza las cinco empresas que han acaparado el 99,2% de las subvenciones de este año:

En cuanto a los préstamos, la cifra del último año ha alcanzado los 6.266.347 €, de los cuales el 89,1% ha ido a parar al Grupo Pascual y a Lands and Buildings, empresa dedicada al negocio inmobiliario, con sede en Madrid y propietaria del manantial leonés de Teleno, situado en Palacios de la Valduerna.

Llegados a este punto, cabe preguntarse por la lógica de conceder subvenciones para favorecer el transporte al mismo tiempo que Bruselas pide a España un aumento en los impuestos verdes en este sector. Con independencia de que la cuestión interinsular pueda estar perfectamente justificada, la situación resulta ilustrativa de los conflictos y paradojas que surgen a nivel europeo entre los objetivos en política medioambiental y las prioridades del comercio internacional. 

 

Aguas al margen del medio ambiente

El negocio de embotellar agua requiere un gasto energético considerable y un elevado impacto medioambiental. La energía empleada para su conversión en mercancía, su transporte posterior y, especialmente, los residuos plásticos que genera, lo convierten en una industria alejada de los necesarios parámetros de sostenibilidad y ajena al tratamiento de lo que debe ser un elemento natural común.

El agua mineral solo representa el 0,03% del total, pero por cada litro extraído se necesitan también cuatro litros de agua corriente, según Peter Gleick, experto en agua del Instituto del Pacífico y autor del libro Bottled and Sold. En la misma dirección, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) afirma que se necesita la misma energía para fabricar una botella de 0,5 litros de agua que para obtener 2.000 de agua de grifo.

El tipo de plástico PET es el método más utilizado para envasar este bien necesario transformado en producto. Es un material reciclable pero contaminante. Dejando al margen el peligro potencial que puede generar su reutilización, los datos en los índices de reciclado están lejos de alcanzar los valores óptimos y sufren grandes oscilaciones según a quién se consulte.

Ecoembes, empresa privada encargada del reciclado de envases en España, anuncia un 75% de tasa reciclada, pero otras fuentes cuestionan estas cifras. El ambientalista Alberto Vizcaíno señala que “el problema es que no hay datos sobre el número de botellas puestas en el mercado”. En su blog productordesostenibilidad.es compara los 7.000 millones de envases que reconoce recoger Ecoembes con las cifras de algunos envasadores, en los que solamente las publicadas por Coca Cola y la propia ANEABE duplican lo declarado por esta empresa, cuyo accionariado mayoritario está compuesto por grandes compañías del sector de la alimentación. Vizcaíno apunta a “la falta de interés en que nadie les cuente los envases, supongo que por una cuestión fiscal”.

Esta falta de concreción camina paralela a los impuestos ambientales aplicados al sector. El miembro de Greenpeace Julio Barea afirma que “lo único que pagan los envasadores de agua mineral es el punto verde, unas décimas de euro por botella. No pagan por vertido, solo un canon irrisorio”. En la Agència Catalana de l’Aigua se pueden encontrar ejemplos de estos vertidos por parte de Danone, Nestlé o Vichy Catalán, con procesos de extracción y manipulación del agua mineral que arrojan sus residuos al río.

La solicitud de acceso a la información realizada, con el fin de conocer los impuestos ambientales directos que aplican al sector del agua mineral, encontró la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, alegando la especificidad del marco regulatorio que rige la explotación y comercialización del agua mineral.

 

Los peligros del agua mineral

A pesar de la regulación a la que está sometido el mercado del agua mineral, existen estudios científicos que muestran cómo algunas embotelladoras incumplen los parámetros recomendados por los organismos internacionales de salud y son fuente de componentes contaminantes.

Los oligoelementos presentes en el agua mineral resultan beneficiosos para la salud humana cuando presentan los niveles adecuados, pero pueden ser tóxicos cuando exceden ciertos valores. Generalmente estos aparecen en bajas cantidades, pero su ingestión continuada puede desembocar en algunos trastornos, especialmente en niños.

Uno de los componentes más controvertidos es el flúor. Este mineral es conocido por ayudar a prevenir la caries dental, sin embargo, por encima de determinadas dosis pasa a ser un elemento tóxico. El Ministerio de Sanidad establece que “niveles de fluoruro en agua de consumo entre 1,5-2 mg/l podrían dar lugar a fluorosis dental y valores más altos del orden de 3- 6 mg/l, a fluorosis esquelética”.

En similares términos se expresa el punto número cinco de la Directiva 2003/40/CE de la Unión Europea, “una aportación global de flúor demasiado elevada puede generar efectos dañinos sobre la salud pública”. Se recomienda no exceder el valor paramétrico de 1,5mg/l, aunque  el máximo legal que permite la legislación española para aguas minerales se sitúa en 5mg/l.

Otro posible efecto de ingerir altas dosis de flúor es la reducción del Coeficiente de Inteligencia (CI). Este tipo de afirmación podría entrar en el prolijo terreno de las teorías de la conspiración si no estuviera respaldada por estudios como el realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, cuya síntesis establece que los niños con alto consumo de este elemento tienen valores significativamente más bajos de CI que los que viven en áreas con bajo contenido de fluoruro.

Otro estudio realizado a lo largo del año 2012 por miembros de la Escuela Profesional Hidrológica Médica, de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia y de la Unidad de Nutrición del Hospital La Fe, analizó la cantidad de flúor de 97 marcas de agua mineral. De todas ellas, solo 23 indicaban su existencia en la etiqueta de la botella. El análisis concluyó con cinco marcas por encima de los valores recomendados.

La tesis doctoral de Francisco Gutiérrez y Reguera, publicada en el año 2015, sobre el estudio hidroquímico y valor nutricional de las aguas minerales en España, realiza también una evaluación detallada sobre el flúor y otros oligoelementos del agua mineral, sobre un total de 132 marcas analizadas. Este trabajo afirma que “el flúor ha sido evitado en la práctica médica durante varios años, tal que sus efectos secundarios sobre el metabolismo, la mente y el sistema neurovegetativo son mayores que sus beneficios”.

Sin mencionar marcas comerciales, este análisis arrojó tres muestras con valores entre 1,5mg/l y 5mg/l (ubicados en Zamora y Gerona) y otra muestra en la misma provincia catalana con valor superior a 5mg/l, fuera de los parámetros admitidos por el Real Decreto 1798/2010.

Además del flúor, también se localizaron dosis elevadas de uranio en algunas muestras. Actualmente en España no existe regulación sobre este componente químico. Siguiendo los parámetros de Alemania, hasta 28 marcas excederían los valores, situados entre 2-10mg/l, llegando a un máximo de 200. Tomando como referencia los 15mg/l que establece la OMS, serían ocho muestras, siete localizadas en Gerona y una en Castilla La Mancha. Esta misma organización establece en 2mg/l, como límite superior para la preparación de alimentos infantiles.

Otro componente altamente tóxico encontrado en las botellas de agua mineral es el polonio, material radioactivo cuya toxicidad se popularizó con el supuesto envenenamiento de Yasser Arafat o del que fuera espía ruso Alexander Litvinenko. Un estudio reciente publicado por investigadores de la Universidad de Sevilla y el Centro Nacional de Aceleradores (CNA), a partir de 32 marcas comerciales elegidas, ha confirmado su existencia en proporciones muy superiores a las obtenidas del agua del grifo, aunque todos los valores están considerados por debajo del umbral de las medidas de protección radiológica.

Estas dosis resultan más dañinas en menores de edad, con una inferior masa corporal. “La actual tendencia creciente a utilizar agua embotellada en lugar de agua del grifo en los alimentos de este grupo de edad porque se considera más saludable puede causar contradictoriamente un efecto no despreciable, incremento en las dosis efectivas comprometidas por ingestión debido a 210Po en este segmento de la población”, advierten los investigadores.

En definitiva, dada la diversidad de aguas minerales y la comprobada existencia de elementos potencialmente perjudiciales para la salud, se antoja necesario conocer todos los “ingredientes” que componen el agua de cada botella que se coloca en el mercado. El Ministerio de Sanidad ni publica ni facilita esta información, alegando que no está entre las obligaciones informativas que le indica la Comisión Europea.

De esta manera solo mediante trabajos académicos como los expuestos con anterioridad, o como el elaborado por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, que encontró contaminantes hormonales en todas las botellas de agua embotellada examinadas, se puede conocer en alguna medida el agua que consumimos.

Desde la ANEABE han iniciado recientemente la campaña Claros con el agua, cuyo decálogo anuncia una mayor información hacia los consumidores en relación con la seguridad alimentaria, procedencia y características de las aguas. Aunque la transparencia y responsabilidad sanitaria ha de exigirse a las administraciones públicas, podría ser una buena ocasión para empezar a ser de verdad claros con el agua.

  

Artículo publicado parcialmente en lamarea.com