Miles de personas se manifiestan estos días en diversos puntos de Galicia y Asturias, con el fin de apoyar el sector metalúrgico de la zona y reclamar una solución que evite el cierre de la planta de aluminio lucense de Alcoa San Cibrao y garantice las de Alu Ibérica, en Coruña y Avilés, vendidas por la multinacional americana en 2019. Están en juego los puestos de trabajo de más de 1.900 personas, pero también el dilucidar cómo quiere afrontar este gobierno la gestión de los sectores estratégicos del país.

Para contextualizar el problema estructural en que ha devenido la situación de Alcoa, procede hacer analepsis y tomar una puerta del Ministerio del Tiempo hacia 1985. En ese año, las empresas alumínicas Endasa y Alugasa, que formaban parte del Instituto Nacional de Industria, se fusionaban y daban lugar a Inespal, una empresa con 13 fábricas en toda España y germen de la posterior Alcoa. Avanzando hasta 1998, en plena temporada de oleaje privatizador, el gobierno de Aznar la despojaba de su condición española con la venta a esta empresa estadounidense por 370 millones de euros, aunque el ingreso efectivo no llegó a 200 millones.

Algunas filiales de Inespal se excluyeron de la privatización, como Iongraf o Conversión Aluminio, S.A. Esta última fue vendida por 721.000 € al Grupo Alibérico, propiedad de Clemente González Soler, empresario cercano al Partido Popular y presidente del Ifema hasta el pasado 8 de junio. Esta venta supuso al Estado unas pérdidas de casi 20 millones de euros.

“Inespal fue un proyecto empresarial creado para su posterior colocación en el mercado”. Las palabras de Ángeles Sánchez, profesora de la Universidad de Granada, en su trabajo La política de privatizaciones en España, orientan el sentido de las sucesivas ampliaciones de capital que se produjeron entre 1994 y 1997 y que alcanzaron los 360 millones de euros.

 

Millones públicos para Alcoa

Además, en 1998 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) atendió inopinadamente una reclamación de Alcoa por 33,18 millones de euros, que comportaba una rebaja del precio de compra de las acciones, regularización que no aparecía en el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó la privatización de Inespal.

La SEPI recogió otras dos reclamaciones en el año siguiente por valor superior a 600.000 euros, en concepto de servicios jurídicos facturados y liquidaciones del Impuesto de Incremento Valor de los Terrenos, afectados por activos excluidos del contrato de compraventa. El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a esos años consideró no procedente la asunción de dichos pagos por parte de la entidad pública.

Posteriormente se produjeron diversos gastos adicionales, derivados del cumplimiento de compromisos que no aparecen incluidos en los resultados económicos de la operación proporcionada por la SEPI. A finales del 2003, este organismo tenía provisionados nueve millones de euros para adecuar las instalaciones de Alcoa a la normativa de emisiones de ácido sulfúrico, además de otros 270 millones en establecimiento de tarifa eléctrica regulada. Entre 2001 y 2004 la SEPI empleó más de 57 millones de euros por indemnizaciones derivadas de la privatización de Inespal.

El Ministerio de Industria, dirigido por entonces por Josep Piqué, justificó la venta afirmando que Alcoa se comprometía a realizar unas inversiones de 390 millones de euros y a mantener las 4.500 personas que completaban la plantilla. El acuerdo final también obtuvo el visto bueno del ministro de economía, Rodrigo Rato. La SEPI concluyó en 2011 que la privatización de Inespal se resolvió con unas pérdidas de 445 millones de euros. La operación fue realizada por concurso restringido y estuvo asesorada por la financiera estadounidense Morgan Stanley, que ejerció también como valorador, una práctica criticada por el Tribunal de Cuentas por poder afectar a la objetividad de la valoración.

En los círculos financieros estadounidenses la operación fue muy celebrada. R.Wayne Atwell, analista de Morgan Stanley, aseguraba que Alcoa “compró activos de 4.000 millones de dólares a 10 centavos por dólar”. Paradójicamente, Atwell formaba parte de la asesoría elegida por el gobierno español. Por aquellas fechas, el presidente de Alcoa, de quien Atwell aseguraba que había realizado la mejor compra en el mundo del aluminio en 20 años, era Paul O’Neill, años más tarde secretario del Tesoro con el gobierno de George W. Bush.

El informe emitido por el asesor en septiembre de 1996 dictaminó que Inespal no era competitiva por sus altos costes energéticos y su tecnología anticuada. Sin embargo, la vía de los beneficios, una vez privatizada, no llegó por la modernización de las plantas, una demanda recurrente del comité de empresa de Alcoa, sino a través de un fuerte sistema de ayudas que han facilitado el reparto de dividendos en la compañía norteamericana.

Las subvenciones que la alumínica lleva recibiendo en las últimas dos décadas por parte del Estado español sobrepasan los mil millones de euros, una cantidad muy superior al coste laboral de su plantilla en el mismo tiempo. El consumo eléctrico supone el principal gasto en las industrias electrointensivas; en el caso de Alcoa puede superar los 200 millones anuales. Así, ser cliente preferente de las eléctricas no significa una rebaja en la factura. El Gobierno de turno, sin aparente voluntad para modificar sustancialmente el marco regulatorio establecido con este oligopolio, solo le queda, si quiere sostener a esta industria, la opción de aportar dinero público.

En esta línea, el contrato de compra firmado con la administración de Aznar, garantizó a Alcoa un precio fijo, muy por debajo del coste real, de 3,84 pts/kw los primeros 10 años y de 4,24 pts/kw hasta 2012, asumiendo el Gobierno la diferencia. Este método se cambió a partir de 2013 por el servicio de interrumpibilidad, un sistema para seguir subvencionando la factura energética de esta empresa a costa de encarecer el recibo del resto de consumidores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) criticó en 2017 la implantación de este mecanismo, por su escaso uso efectivo y el elevado coste que supone, además de advertir la posibilidad de ser investigado por la Comisión Europea. El pasado 19 de marzo se puso en suspensión este método de gestión de demanda.

El coste por emisiones de CO2, establecido desde la Comisión Europea para desalentar a la industria contaminante, también está subsidiado por el Estado a través del Mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas. En el último año se reservaron casi 25 millones de euros por este concepto a las cuentas de Alcoa, que también recibe diferentes subvenciones ocasionales como 489.000 euros para mejora de maquinaria en 2017, por parte del Principado de Asturias, o una retribución dineraria de dos millones en 2018, con el objeto de seguir desarrollando el proyecto en dicha comunidad.

Estas ayudas -o pagazas, que podría decir alguien- han ido blindando los beneficios de la empresa estadounidense año tras año. Según afirma Miguel Conde, representante del comité de empresa de la planta de Alu Ibérica, “las fábricas de Coruña y Avilés ganaron 1.500 millones de euros libres de impuestos desde 1998 hasta 2008”. ¿Qué hizo Alcoa con ese dinero? “Una planta en Noruega y otra en Islandia”. La idea de Alcoa es dejar en España únicamente la planta que más contamina y vender la materia prima producida en estos países.

“Primero se generaron varias sociedades para hacer poco a poco lo que están haciendo: segregar la compañía en 2017, cerrar Coruña y Avilés un año más tarde y ahora quieren cerrar la planta de aluminio de San Cibrao, manteniendo la de alúmina”, vaticina Conde. La alúmina es la materia prima necesaria para la producción del aluminio. Mediante bauxita y sosa caustica se genera una balsa de lodo rojo a las afueras de San Cibrao que supera las dimensiones del propio pueblo y que está considerada como una bomba medioambiental.

 

“Si no tenemos los mismos costes no podemos ser competitivos”

El cierre de la planta de San Cibrao comportaría el despido de más de 500 personas. Desde su comité de empresa reclaman valentía al Gobierno central y proponen una intervención inmediata para “dar viabilidad a un sector indispensable”, recordando que “fue la primera empresa en nombrarse esencial el 30 de marzo”. Desde el sindicato de CCOO de Alu Ibérica apuntan en la misma dirección y piden la intervención del Gobierno: “Queremos un precio de la energía igual al del resto de países de la Unión Europea. Si no tenemos los mismos costes y tenemos el mismo precio de venta del aluminio, que lo marca la bolsa de metal de Londres, no podemos ser competitivos”.

Las plantas de Alu Ibérica se encuentran molestas por la falta de información del Gobierno y las pocas garantías que ofrece el propietario actual -Grupo Riesgo-, del que poco se conoce. Desde el 7 de mayo aparece System Management Capital como administrador único de ambas plantas, una sociedad nueva registrada en Madrid en enero de 2020. “El gobierno no nos da información. Sabemos que hay un administrador que se llama Luis Losada, también un tal Victor Rubén Domenech, que es el jefe de operaciones que está detrás de todo, sin documentación española y que tiene investigaciones policiales”, explica Miguel Conde.

Desde el sector se empiezan a escuchar las primeras voces pidiendo la dimisión de la ministra de industria, Reyes Maroto, cuyas palabras no aventuran la intervención que reclaman los sindicatos. Sin llegar a expresarlo en los términos de la anterior ministra de Trabajo socialista, Magdalena Valerio, cuando afirmó que intervenir en Alcoa sería propio de un régimen comunista, hasta el momento se ha limitado a manifestar un compromiso general por mantener el empleo y apelar a la compañía para que reconsidere su decisión de cerrar.

“En estos dos años este Gobierno ha puesto más de 37 millones de euros a disposición de Alcoa, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes y lo que exigimos es que reconsidere su decisión”, afirmó Maroto el pasado 3 de junio en el Senado, donde también interpeló a la Xunta para que ejerza sus competencias exclusivas en política industrial, acogiéndose al artículo 30 del Estatuto de autonomía de Galicia.

El senador y portavoz adjunto del PP en esta comunidad, Jose Manuel Barreiro, le indicó que “la fórmula es muy fácil, a través de la aprobación de las alegaciones del estatuto de empresas electrointensivas”. Estas alegaciones, que piden elevar la rebaja del precio de la energía para este tipo de industrias, fueron elaboradas conjuntamente por los gobiernos de Asturias, Cantabria y Galicia.

En la misma dirección se expresó Alberto Núñez Feijóo el pasado 7 de junio, afirmando que “no podemos perder puestos de trabajo en industrias que son viables económicamente por decisiones políticas que los hacen inviables”. La forma de hacerlas viables para Feijóo es “garantizando un precio competitivo”, sin verbalizar explícitamente el regreso del servicio de interrumpibilidad.

El BNG es el único partido que ha planteado abiertamente el tabú de la nacionalización. Su portavoz, Ana Pontón, critica que Galicia, teniendo superávit energético, no disponga de “una tarifa eléctrica garantizada, que rebaje el precio de la energía”. Añadiendo que en Euskadi “el lehendakari Urkullu la defendió, mientras que Feijóo la vetó, a pesar de ser una solución para los trabajadores de la Mariña y de nuestro país”.

La reunión mantenida este martes entre Gobierno, Xunta, Alcoa y sindicatos, solo ha servido para confirmar los planes de la empresa. El presidente del comité de empresa de la planta de San Cibrao, José Antonio Zan, ha señalado que “el problema es que Alcoa dice que cualquier marco que les pongan no le sirve y tampoco entra a valorar una posible venta”. La única salida para los trabajadores es, dice Zan, “seguir en la lucha, A Mariña sálvase loitando”.

 

Artículo publicado en la sección yoibextigo de lamarea.com