Especular con bienes de primera necesidad es rentable. Con el mismo empeño que realiza sus inversiones en los ámbitos de la salud, la alimentación o las armas, el Banco Sabadell ha venido dedicando igualmente sus esfuerzos a mejorar su cuenta de resultados interfiriendo en el mercado inmobiliario.
Las sucesivas adquisiciones bancarias realizadas por esta entidad en los últimos años, especialmente el Banco CAM en el año 2012, tuvieron como consecuencia una cartera de activos inmobiliarios cuya herencia fue engordando hasta obtener una valoración casi 14.000 millones. Al igual que está ocurriendo con el resto de la gran banca del país, el Sabadell ha sido instado por el Banco Central Europeo a limpiar estos activos -considerados tóxicos- de sus balances.
De esta manera, el pasado mes de julio la entidad llegó a un acuerdo para la transmisión de una cartera de 9.100 millones con Cerberus, un fondo buitre de origen estadounidense convertido en uno de los mayores agentes inmobiliarios de España, y que cuenta entre sus consejeros con José María Aznar Botella. El cierre de esta operación, todavía pendiente de las correspondientes autorizaciones, se ha realizado con un 58% de descuento, por un valor neto contable de 3.900 millones de euros. A partir de aquí, las dos compañías implicadas planean constituir una o varias sociedades con los activos traspasados, en las que el Sabadell mantendrá el 20% y Cerberus el 80% restante.
Este acuerdo se sumó a la venta de 2.300 millones en créditos provenientes de la CAM al Deutsche Bank, así como el traspaso de dos carteras valoradas en 3.300 millones, el pasado mes de marzo. La más abultada de ellas -de 2.400 millones- también tenía como origen la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Estos activos se protegieron a través del Esquema de Protección de Activos (EPA), a partir del cual el 80% de las posibles pérdidas son cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), es decir, también por la competencia del Banco Sabadell.
Como parte del acuerdo, se estableció que estos activos fueran gestionados por el Sabadell a través de su sociedad Solvia Servicios Inmobiliarios, entidad con presencia relevante en los principales segmentos del sector y también en algunos medios de comunicación como El País, donde patrocina noticias. Este mes de diciembre se ha culminado un acuerdo para la venta de Solvia a Lindorff Holding Spain, un fondo de inversión perteneciente al grupo Intrum.
Además de 18 oficinas propias, este servicer ha abierto en el último año 35 franquicias en diferentes municipios de España, especialmente en el litoral mediterráneo. Conforme a sus propios datos, dispone de una cartera de 148.000 unidades de activos cuyo valor supera los 31.000 millones de euros. El Sabadell ha estimado una plusvalía de 138 millones de euros con esta operación.
Con la venta de Solvia se culmina el traspaso de las compañías de gestión de activos que funcionaban bajo el paraguas de las entidades financieras nacionales. Así, la adquisición de esta gestora se une a las ventas de Altamira por el Banco Santander, Anida, que fue vendida a Cerberus por parte del BBVA, Servihabitat pasó de las manos de Caixabank al fondo norteamericano Lone Star, y Bankia Hábitat, vendida también a Cerberus por parte de la entidad nacionalizada.
El acuerdo no ha incluido Solvia Desarrollos Inmobiliarios, una sociedad constituida para la promoción de inmuebles y terrenos, cuya dirección corresponde actualmente a Enric Rovira Masachs, que es también consejero de la Sareb, entidad que cuenta con un 45% de capital público y un 55% de capital privado. En el segundo grupo se encuentra el propio Banco Sabadell, que en 2014 resultó adjudicatario de una cartera de 42.900 activos de la Sareb, valorados en 7.000 millones de euros.
Dentro del organigrama actual de sociedades inmobiliarias dependientes del Banco Sabadell emerge la figura de Jaume Oliu, hijo del presidente del banco. Oliu junior coincide con Rovira en Solvia y también en Sabadell Real Estate Activos, Sabadell Real Estate Housing y en Hotel Investment Partners -anteriormente denominada Solvia Hotels-, compañía de gestión hotelera vendida en diciembre del 2017 por 630 millones de euros a Halley Bidco, entidad controlada por los fondos de Blackstone Group International Partners. Esta venta arrojó unos beneficios netos de 50 millones de euros a las cuentas del Sabadell, que sigue siendo propietario de una docena de hoteles y varias sociedades de gestión inmobiliaria.
Jaume Oliu dirige desde el año 2016 Sabadell Patrimonio Inmobiliario, una socimi hasta febrero de 2017 que ahora funciona como sociedad anónima. También aparece como consejero en Vea Rental Homes Socimi. Se trata de sociedades de inversión constituidas para incidir en el mercado inmobiliario y maximizar su rentabilidad, especialmente con las operaciones de alquiler de viviendas. No pagan impuesto de sociedades ni tributan plusvalías.
Solvia Servicios Inmobiliarios aparece como apoderada solidaria en Port Mataró, una empresa que pertenece a Torrellimona, una sociedad fundada en el año 2003 y administrada en exclusiva por María Victoria Quintana Trías, mujer de Josep Oliu. En Port Mataró también se encuentra Jaume Oliu, cuya presencia en el mercado inmobiliario se extiende a través de una veintena de sociedades vinculadas al banco de origen catalán.
¿El casero bueno?
El Banco Sabadell suele destacar el hecho de no haber ejecutado ningún desahucio de habitantes de primeras viviendas sin alternativa ocupacional. Este punto ha sido reconocido en alguna ocasión por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). El Sabadell gestionaba la vivienda social a través de Sogeviso, integrada en la recién vendida Solvia. Actualmente se encuentra adherida al Convenio del Fondo Social de la Vivienda (FSV), donde tiene cedidos “101 inmuebles a 48 instituciones y fundaciones sin ánimo de lucro, orientadas a prestar soporte a los colectivos sociales más desfavorecidos”, según su propia información.
Sogeviso gestiona en ocasiones activos inmobilarios de la Sareb que sí han terminado en alguna ocasión en desahucio, como le ocurrió a la familia de Sonsoles el pasado mes de junio en el barrio madrileño de Carabanchel. En la misma línea, la PAH de Leganés consiguió en el mes de octubre detener por dos meses otro desahucio, producido por la incapacidad del banco para gestionar el alquiler social solicitado por los inquilinos. Son casos concretos que se pueden multiplicar con la absorción de Intrum, un grupo especializado en gestionar ocupaciones y judicializar impagos de renta.
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En un país donde la vivienda pública de alquiler representa un ridículo 2,5%, más de 6 puntos por debajo de la media europea, la inhibicion de la Sareb y el desvío sistemático de inmuebles hacia sociedades financieras de inversión -a menudo con ventas a precio de saldo-, suponen una nueva vuelta de tuerca en la transformación de un derecho fundamental devenido en mercancía para el lucro privado.
Un panorama que contraviene a la propia Constitución Española, que apela en su artículo 47 a los poderes públicos como vehículos necesarios para promover las condiciones que permitan hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, “regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación”.
Artículo publicado en lamarea.com
