Regístrate en nuestra newsletter 

Solo recibirás las nuevas publicaciones de https://panoramas.es

 

Feijóo contra Galicia

Los datos que reflejan el retroceso social que han dejado las dos últimas mayorías absolutas del PP gallego.

Como buen liberal, Alberto Núñez Feijóo empezó su andadura laboral como interino en la Administración de la Xunta de Galicia, en 1985. Seis años después recibió la llamada de José Manuel Romay Beccaría, un histórico del Partido Popular, para ejercer de Secretario General en las consellerías de Agricultura Ganadería y Montes y, tres meses después, en Sanidad y Servicios Sociales. En 1996 continúa su carrera dirigente en el Madrid de Aznar, como presidente del Insalud y director de Correos y Telégrafos, hasta su regreso a Galicia en 2003.

Al margen de su conocida amistad con el narco Marcial Dorado, sostenida hasta bien entrado el siglo XXI, en su nuevo cargo gallego como Consejero Territorial de Obras Públicas y Vivienda también coincidió en espacio y tiempo con Pablo Crespo, condenado a 37 años de cárcel como responsable de la trama Gürtel en Galicia.

El PSOE acusó a Feijóo de haber mantenido a Crespo durante su etapa en Portos de Galicia, cuando se asignaron cuatro contratos a Constructora Hispánica, cuyo expresidente, Alfonso García Pozuelo, también ha sido condenado a dos años de cárcel por esta misma trama delictiva. A pesar de las reiteradas peticiones por parte de todos los grupos de la oposición, el presidente de la Xunta se ha negado en todo este tiempo a dar explicaciones en el Parlamento de Galicia.

Pese a su tendencia a olvidar todo lo ocurrido en los años previos a 2006 -fecha en la que es elegido presidente del PP de Galicia-, lo cierto es que Núñez Feijóo llevaba ya 15 años en este partido. Sin embargo, el político ourensano pretende desconocer la existencia de alcaldes narcos o los procedimientos habituales de financiación ilegal.

El libro Fariña se hace eco de las declaraciones de un juez que cuenta cómo Feijóo fue uno de los numerosos cargos políticos que pasó por la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa “a tomar copas”, en tiempos en los que su presidente, el abogado narco Pablo Vioque, utilizaba el lugar para “planear reuniones, desembarcos y estrategias de defensa para los capos”. El juez prefirió permanecer anónimo ante el autor.

Feijóo readmitió en el año 2011 a José Luis Rivera Mallo, alcalde de Vilagarcía de Arousa desde 1983 hasta 1991. Durante esa época apoyó al contrabandista Luis Falcón, Falconetti, en sus operaciones urbanísticas. En 1999, se marchó del PP y se presentó sin éxito como independiente para la alcaldía, hasta que en 2011 consiguió un puesto de concelleiro que sirvió para dar la mayoría al Partido Popular, a cambio de integrarse nuevamente en sus filas. Ejerció como senador hasta 2015, trabajando hasta los 80 años como portavoz en la Comisión para el estudio del problema de las drogas.

¿Feijóo presidenciable?

El pasado mes de mayo se han cumplido nueve años de Gobierno del Partido Popular al frente de la Xunta de Galicia. En todo este tiempo, del presidente Núñez Feijóo siempre se ha dado la imagen de ser un buen gestor, un administrador de servicios públicos que ejecuta presupuestos de forma aséptica y eficaz, ajeno a mareas ideológicas. La realidad contradice este discurso.

En el libro del sociólogo y profesor Manuel Monge, O perverso goberno de Feijóo, se detallan algunas de las acciones que han ido consolidando la carrera de Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia. En el año 2012, el Grupo Eulen, empresa de servicios de mantenimiento, seguridad y limpieza, donde su hermana Micaela Núñez Feijóo trabaja como apoderada, ganó un concurso por 2,26 millones de euros para gestionar la red de bibliotecas del Concello de Coruña. Esto fue posible al eliminar la molesta condición de que la empresa adjudicataria estuviera especializada en gestión bibliotecaria.

En la misma línea, Eulen consiguió la concesión de varios centros culturales como la gestión del Teatro Colón de A Coruña, a pesar de que la oferta más ventajosa económicamente era Cávea Producións, que llevaba gestionando el teatro desde 2007. Otra de las polémicas adjudicaciones a esta empresa, fue la concesión del servicio de atención telefónica a las víctimas por estafa de las preferentes, realizada en dos contratos separados, por un total de 85.000€. De esta manera se evitó el engorro de convocar concurso público.

En la Operación Zeta, relacionada con la financiación ilegal del PP, el principal imputado es un empresario militante de este partido llamado Gerardo Crespo, acusado de un fraude de 15 millones de euros en subvenciones por parte de la Xunta de Galicia, empleados en cursos de formación a través de empresas fantasma. El valedor de Crespo era Francisco Ramón de Lucas Blanco “Pachi”, que según Crespo era el mejor amigo de Feijóo. Pachi Lucas tenía una empresa llamada Disart 4, contratada por el PP en las elecciones de 2009 por 25.583€.

En términos económicos, la fusión de cajas llevada a cabo en el año 2011 finiquitó el sistema financiero gallego. Monge describe cómo la Xunta pagó un millón de euros a la consultora KPMG por un estudio de la viabilidad de esta fusión. En el documento se afirmaba que la nueva entidad tendría un beneficio que permitiría devolver sin problemas los costes de dicha fusión. Feijóo tampoco ha dado explicación alguna sobre el fracaso de estas previsiones.

El proceso fue que NCG, el banco resultante producto de la fusión, tuvo que ser rescatado en 2012 con 5.425 millones de fondos europeos para el FROB, que pasó a controlar el 100% de la entidad. En este viaje, distintos inversores privados -la mayoría gallegos- que controlaban el 2,6% de NCG perdieron su inversión, unos 70 millones de euros.

El resultado de la liquidación remató con la venta, solo un año después, por 1.003 millones de euros al banco venezolano Banesco. Abanca, la marca elegida para España, tuvo en el año siguiente un beneficio de 1.157 millones de euros después de impuestos (!!!). El presidente Feijóo impuso la venta de este inversor para evitar la compra por parte de un banco español como La Caixa, con el visto bueno del Gobierno de Rajoy.

Otra de las consecuencias de este procedimiento ha sido el progresivo despido de trabajadores/as. Si antes de la fusión eran más de 10.000 personas trabajando en estas entidades, a finales de 2015 Abanca ya solo contaba con 4.250. Esta situación contrasta con las jubilaciones millonarias recibidas por los altos directivos, algunos de ellos han terminado en prisión.

En términos sociales la evolución tampoco ha sido mejor. La renta media por hogar en Galicia ha caído un 3,88% desde que Feijóo es presidente. Desde el año 2009, el número de afiliados a la Seguridad Social en la región gallega ha descendido en 33.926 personas, lo que supone un 3,36% menos. Durante este periodo, el conjunto de España experimentó un crecimiento del 3,92%. Los datos del paro son igualmente negativos: hasta diciembre del 2017 había crecido en más de 14.000 parados, lo que representa un aumento del 8,65%; por el contrario, en España ha descendido un 13,11% en estos últimos ocho años.

                                                               

Mercadeo con la sanidad

Otra de las áreas sociales degradadas por el Gobierno de Núñez Feijóo está siendo el servicio sanitario. Según los datos del libro A saúde como negocio, coordinado por Pablo Vaamonde, en las dos últimas legislaturas ha habido un recorte de 275 millones de euros en este sector. En todo caso, las medidas no están tan encaminadas a reducir el gasto público como a conseguir desviar parte de los presupuestos hacia negocios privados.

Un informe de la Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública, situaba a Galicia como la cuarta comunidad autónoma con mayor grado de privatización. Estas medidas van acompañadas de la falta de personal facultativo, un aumento en las listas de espera y la progresiva reducción en el número de hospitales y camas.

Existe una creciente implementación del modelo de “colaboración público-privada”, por parte de la Xunta, que significa la pérdida de personal público y el traspaso de pacientes a la sanidad privada. Uno de los mayores escándalos ha sido el nuevo Hospital Álvaro Cunqueiro, un ejemplo del nuevo modelo de colaboración, que incrementó el coste inicial de 450 a 1.400 millones de euros, a pesar de reducir el número final de camas, quirófanos y otros servicios médicos.

Estas acciones cotidianas del Gobierno de la Xunta quedan oscurecidas gracias a su cercanía con los grandes medios de comunicación regionales, las subvenciones camufladas en convenios, y al férreo control de la CRTVG, la radio y televisión de Galicia, cuyos trabajadores se han unido a los de TVE en su denuncia a las prácticas de manipulación del gobierno del Partido Popular. Los sindicatos ya pidieron la dimisión del director general de esta cadena, Alfonso Sánchez Izquierdo, por la cobertura informativa de los incendios ocurridos el pasado mes de octubre.

Las explicaciones que Feijóo invariablemente da sobre estos asuntos se pueden resumir en lo manifestado tras la Operación Campeón, cuando fueron detenidos el director general y subdirector del IGAPE, por presunto fraude en subvenciones públicas: “a mí me llegan los principios éticos y la supremacía moral que me dan los gallegos con sus votos”. Así “blanquea” Feijóo todas sus actuaciones en cada proceso electoral. Así pensará, probablemente, regenerar el Partido Popular.

                                                                                                   Artículo publicado en lamarea.com

No Comments Yet.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.