La ortodoxia periodística habitual recomendaría empezar un artículo de este tipo con algún ejemplo representativo que introdujera al lector en el tema y justificase el titular. Un obrero de 54 años que cayó desde una plataforma y recibió un golpe fatal en la cabeza, durante las obras de ampliación del Puente de Rande realizadas el pasado año, donde la CIG denunció jornadas diarias de más de 10 horas. Un operario muerto en Viveiro, al volcar un camión en el que descargaba bloques de hormigón. Tres trabajadores heridos con quemaduras sufridas por una explosión en Ferroatlántica, empresa del Grupo Villar Mir recientemente condenada por vulnerar el derecho a la huelga.

Son solo tres episodios entre los 44 muertos y 27.244 heridos contabilizados el año pasado en Galicia. Todos ellos merecerían el reconocimiento como víctimas de un sistema laboral que no les protege. Las estadísticas reflejan la elevada inseguridad que viene sufriendo la clase trabajadora gallega, cuyo índice de mortalidad, en el ámbito de jornada, se sitúa en los últimos cinco años en 6,89, duplicando la media nacional –ya de por sí alta- de 3,40 en el mismo periodo.

Las condiciones del entorno laboral en Galicia han dejado un total de 266 muertos –más de uno por semana- y 2.201 accidentes graves en los últimos cinco años. Significa que, durante este tiempo, uno de cada 430 trabajadores ha sufrido un accidente grave en Galicia. Estas cifras contrastan con los valores de otras comunidades autónomas, igual o más productivas, pero con índices de siniestralidad mucho más reducidos.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha señalado algunas causas que provocan que este territorio tenga un índice de siniestralidad laboral que duplica el del Estado español, como son “el brutal aumento de la temporalidad, los contratos a tiempo parcial, el aumento de la subcontratación o la proliferación de empresas multiservicios” que, junto con el aumento de los ritmos de producción, “inciden de forma directa en el deterioro de las condiciones de trabajo y provocan un grave perjuicio para la salud de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”.

El total de accidentes se ha incrementado un 22,57% en los últimos cinco años, periodo en el que el número de altas en la Seguridad Social solo lo ha hecho en un 7,74%. La buena noticia se encuentra en los datos de 2017, todavía provisionales, que marcan una reducción del 26,67% en el número de muertes y un 17% menos de accidentes graves.

El reto inmediato será hacer sostenible y progresiva esta reciente bajada, sin embargo, no se asoman medidas que abonen el optimismo a largo plazo. La CIG, además de señalar la responsabilidad de una Xunta de Galicia “que tiene todas las competencias en materia de seguridad e higiene”, destaca la nueva ley de mutuas y el control de bajas como “prueba de que para el capital nuestra salud tiene la misma importancia que cualquier otro elemento de la cadena de producción”.