La energía eólica no es nueva. El viento ha sido aprovechado desde hace siglos para poner en marcha barcos, moler trigo a través de molinos de viento -popularizados por Cervantes en el siglo XVII- o mover molinos hidráulicos para sacar agua de los ríos. Con el progresivo desarrollo tecnológico, a partir del siglo XX se empieza a utilizar la energía cinética del viento para producir electricidad. Lo que antes eran molinos, ahora son aerogeneradores.

El primer generador eólico de España se puso en marcha en 1983 en la localidad oscense de Candasnos. Fue instalado por parte de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER), en colaboración con la Generalitat de Catalunya. Esta empresa fue absorbida en el año 1999 por una recién privatizada Endesa.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, el negocio de convertir el aire en energía eléctrica está siendo acaparado en España de forma creciente por grandes corporaciones privadas. Las ayudas públicas han regresado en forma de subastas, después de varios años de parálisis del sector. Estas subvenciones, que requieren un aval preliminar de 60.000 euros por cada megavatio ofertado, parecen diseñadas para favorecer a las grandes firmas eólicas.

Detrás de estos incentivos se encuentran una serie de trabas burocráticas previas a la adjudicación. Aquí entran en juego las relaciones con el poder político, necesarias para lograr la autorización administrativa de un abanico de permisos a nivel local, autonómico y estatal. Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) reciben las nuevas subastas con optimismo, aunque consideran los plazos de los permisos demasiado ajustados.

Las últimas cifras del sector registran un total de 23.484 MW eólicos instalados, conforme al Anuario 2019 de la AEE. Esta potencia se distribuye a través de 20.306 aerogeneradores situados en 1.123 parques eólicos, repartidos a lo largo de 807 municipios de la geografía nacional. Son datos que sitúan a España como quinta potencia eólica del mundo. Esta energía supone el 19% del total de generación eléctrica nacional. Las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de instalaciones son Castilla León, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía.

Sin embargo, no son las administraciones locales de estas regiones quienes están aprovechando la ocasión. Los 3.394 millones de euros de beneficios declarados por la patronal eólica en el año 2018 se reparten, mayormente, entre media docena de multinacionales. Lideran el ranking: Iberdrola, Acciona Energía, la portuguesa EDP Renováveis, la italiana Enel Green Power, Naturgy y Eolia Renovables, controlada por el grupo de capital riesgo Oaktree Capital. Dos de cada tres MW de potencia instalados corresponden a estas promotoras.

 

Otra oportunidad perdida en la España vaciada

Con creciente frecuencia, se puede encontrar contenido patrocinado por este tipo de compañías en los medios de comunicación de mayor difusión, donde se ensalza el positivo impacto económico que la actividad eólica está suscitando en los lugares donde se implantan los parques eólicos, generalmente áreas rurales con baja densidad de población.

En España, ante la total falta de iniciativas por parte del sector público, este desarrollo se limita, en el mejor de los casos, a un porcentaje de la facturación para los propietarios de los terrenos o un canon fijo que aplican algunas comunidades autónomas. Este tipo de tasas a menudo cuentan también con la resistencia de las empresas adjudicatarias.

La AEE se queja de un tratamiento fiscal discriminatorio, “en los últimos años se ha aumentado la presión fiscal efectiva a las instalaciones eólicas respecto a otro tipo de instalaciones renovables”. Consideran que existe una “contradicción inherente a predicar un impacto medioambiental adverso de una fuente de producción de energía respetuosa con el medio ambiente”.

En Castilla-La Mancha, una de las regiones españolas con mayor potencia eólica instalada, entidades como Iberdrola, Elecdey Carcelén, Ibernova Promociones o Energías Eólicas de Cuenca batallaron judicialmente durante seis años en contra del canon impuesto por la Junta. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó en 2017 la decisión que habían tomado los tribunales de Castilla-La Mancha, considerando compatibles el canon y el fomento de las energías renovables.

Se trata de un canon que obliga a un pago anual de entre 0 y 1.275 euros por cada aerogenerador, dependiendo del número que disponga cada parque eólico. En todo caso, son cifras inferiores a las existentes en Galicia (entre 0 y 5.900 euros), y muy lejos de la cuota tributaria de Castilla y León, que oscila entre 2.000 y 12.000 euros por molino instalado.

Al margen de las tasas de carácter autonómico, algunas legislaciones están dejando indefensos a municipios que sufren la ocupación -a veces no deseada- de estos parques eólicos. En Galicia, el diputado de En Marea Antón Sánchez ha señalado en numerosas ocasiones el expolio ocasionado por las compañías eólicas, facilitado por el Gobierno autonómico con la aprobación de una nueva ley de medidas fiscales y administrativas, que agiliza los procesos de expropiación de montes vecinales por parte de las corporaciones. “Ya sufrimos en su día el expolio del lignito en Meirama o As Pontes (Coruña), y ahora se trata de hacer lo mismo con el viento”.

Algunos parques eólicos se encuentran ubicados dentro del área Red Natura 2000. Sánchez ha denunciado recientemente actuaciones dentro de este entorno, cuya ampliación se encuentra paralizada desde hace dos años por el Gobierno de la Xunta “hasta que las compañías tengan todos sus parques eólicos posicionados”. Toda esta situación contrasta con el panorama que existe en países europeos como Alemania o Dinamarca, donde es común la explotación de parques eólicos por parte de cooperativas y el apoyo de las instituciones locales. En España, la excepción que confirma la regla se encuentra en Pujalt, ubicado en la comarca catalana de Anoia. A través de la cooperativa Viure de l’aire, las aportaciones de más de 600 participantes han hecho posible la instalación del primer aerogenerador levantado por impulso popular. El objetivo declarado es contribuir a la democratización de la energía mediante la implicación directa y el aprovechamiento de los recursos al alcance de toda la población.

Artículo publicado en lamarea.com